Mayo 21, 2018

Género

S. es una joven mujer que vive en la Ciudad de México, que luego de culminar sus estudios de maestría, ha decidido emprender el otro gran proyecto de su vida: ser madre. Sin embargo, enfrenta dos problemas, ambos diagnosticados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El primer problema es que S. presenta una condición congénita que dificulta que pueda embarazarse, algo que tiene solución, a través de terapias de salud reproductiva y reproducción asistida

El segundo problema, no obstante, resulta del todo insoslayable, al menos para el IMSS: y dicho problema es que S. no está casada.

Así, alegando su soltería, dicho organismo público no sólo se negó a brindarle atención a esta joven trabajadora, sino que, además, ordenó que la echaran de sus instalaciones por la fuerza, cuando exigió una explicación fundada.

S. dio inicio a su proyecto de maternidad en 2016, cuando solicitó una terapia de salud reproductiva en el Centro Médico Nacional La Raza (perteneciente al IMSS), en donde inicialmente aceptaron darle tratamiento, que incluyó la realización de diversos estudios clínicos: biopsias de endometrio, ultrasonidos, exhudados, salpingografías y distintas exploraciones de vientre, órganos reproductivos, y análisis de orina y sangre, entre otros.

“Algunos de esos estudios fueron muy dolorosos –recuerda S., cuyo nombre se reserva por respeto a su intimidad–, y otros fueron caros, porque aún cuando soy derechohabiente y hago mis aportaciones al IMSS, yo tuve que pagar varios de esos estudios en laboratorios privados, porque en el IMSS me decían que no tenían el equipo, pero que era necesario que me los realizara”.

Sin embargo, dos años después de haber iniciado dicha terapia, “el pasado 16 de febrero (de 2018) me indican en el área de Ginecología que no podían seguir atendiéndome, por el tema de que debía ir casada, que eso es parte de su protocolo y que ellos cuidan el tema familiar”.

Este argumento, detalla la paciente, le fue expuesto por el doctor Carlos Ramón Jiménez Vieyra, jefe del servicio de Ginecología del Centro Médico Nacional La Raza, quien la recibió en su oficina para anunciarle que su terapia quedaba cancelada, momento en el que S. intentó registrar los hechos con su teléfono celular, lo que provocó que fuera expulsada de dichas instalaciones.

Tal como muestra el video captado dentro de la oficina del doctor Jiménez Vieyra, del que Animal Político posee copia, cuando S. pidió que se le explicara la razón de que su tratamiento quedara cancelado, el servidor público sólo levantó el teléfono de su escritorio y pidió la presencia de elementos de seguridad.

El video muestra que la paciente siempre fue respetuosa y que, literalmente, sólo pedía una explicación fundada sobre la negativa de atención, y muestra luego que, como respuesta, el funcionario del IMSS se limita llamar a los elementos de seguridad y después abandona su propia oficina, ignorando los siguientes llamados de la paciente a que fundamentara su proceder.

 

Esa misma postura omisa fue asumida a nivel institucional por el IMSS, organismo público al que Animal Político solicitó (en tres ocasiones) una entrevista para conocer bajo qué criterios se otorga o se niega atención en salud reproductiva a mujeres solteras, peticiones que fueron igualmente ignoradas.

“Luego de que en el hospital de La Raza me mencionaron que tenía que ir casada para recibir el servicio, yo me asesoré con un abogado –explica S.–, y vimos que eso que dice el IMSS no pertenece al marco legal mexicano, en ninguna ley se dice que las terapias de salud reproductiva, o de reproducción asistida, sean sólo para mujeres casadas. Entonces, solicité una audiencia con el jefe del servicio de Ginecología de La Raza, y le pedí que me mostrara en dónde se estipula que yo tenía que estar casada para recibir el servicio, pero el doctor me dijo que no me iba a mostrar nada, que yo lo buscara”.

Fue por esa razón, detalla, “que yo decidí sacar mi teléfono celular, y le dije que no pensaba moverme de la oficina hasta que me explicara eso de que yo tenía que estar casada para recibir atención ginecológica, es entonces que él pide que la seguridad me retire del lugar y sí, el personal de seguridad me arrebató mi teléfono y me sacó de la institución”.

Luego de verse obligados a acatar la orden de expulsarla de las instalaciones, fueron los mismos elementos de seguridad quienes, apenados, le recomendaron a S. presentar una queja ante la dirección del IMSS, “y la presenté, pero nunca pasó nada, es como si la denuncia no existiera”, por eso, reconoce, decidió hacer pública su situación.

Aunque el IMSS no quiso informar cuáles sus criterios para brindar o negar la atención en salud reproductiva e infertilidad para mujeres, en su página de internet se encuentran las guías de práctica clínica en las que se establecen sus criterios de asistencia a derechohabientes.

Luego de consultar este catálogo, la única guía clínica hallada que hace referencia a infertilidad es aquella denominada “Diagnóstico de la pareja infértil y tratamiento con técnicas de baja complejidad”, documento que, efectivamente, sólo contempla la posibilidad de brindar asistencia a parejas heterosexuales, no a mujeres solteras, ni a mujeres en cualquier otro tipo de relación que no sea heterosexual.

En esta guía, explícitamente, se establece como requisito para diagnosticar la infertilidad el que la mujer interesada en una terapia de reproducción asistida tenga “relaciones sexuales regularmente, sin el uso de métodos anticonceptivos, durante un año (sin lograr el embarazo)”.

A finales del año pasado, el IMSS informó oficialmente que ha brindado tratamientos de reproducción asistida “a 12 mil parejas” heterosexuales, a través de conteos seminales para los hombres y terapias para regular la ovulación en mujeres.

Aquellas mujeres que, como en el caso de S., optan por un modelo familiar que no implique estar casada, quedan fuera de los parámetros de atención previstos por el IMSS.

Discriminación cotidiana

Debido a que en México existe una “ausencia de regulación generalizada” en materia de salud, cada institución (pública o privada) desarrolla sus propios criterios de atención, y muchos de estos criterios resultan “cuestionables, desde el enfoque antidiscriminatorio”, explica el maestro Enrique Ventura, representante del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred).

“La negación de los servicios de salud reproductiva es un acto de discriminación –detalla el experto–, cuando dicha negativa no es objetiva ni razonable, es decir, cuando está sustentada en una condición inherente a la persona, como puede ser su condición de género, o su estado civil”.

Estas situaciones, afirma el representante del Conapred, “podrían constituir discriminación porque se estaría excluyendo a las personas solteras, particularmente a las mujeres solteras, que con la finalidad de tener hijos quieren beneficiarse de los servicios de reproducción humana”, sin que a este sector de la población el IMSS les brinde “ninguna otra posibilidad” que la de contraer matrimonio para ser atendidas.

El representante del Conapred, organismo público autónomo que combate los actos de discriminación en México, subraya que existen “personas solteras que se ven esperanzadas en formar una familia. Y esas personas solteras, al ver truncada esa esperanza por este tipo de criterios, sufren un detrimento en su proyecto de vida”.

Estos criterios de atención, afirma, “además pudieran vulnerar otros derechos, como el derecho a la salud reproductiva, que es el derecho de las personas a ser informadas, y a elegir métodos seguros y eficaces para regular la fertilidad”.

Asimismo, añade, el IMSS “podría estar vulnerando el derecho a la vida privada, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuyas resoluciones son de aplicación obligatoria para el Estado mexicano) ha dicho que la decisión de ser madre es parte del derecho a la vida privada”, y dentro de esa esfera de la vida privada están las decisiones sobre aspectos genéticos y biológicos de una persona, como lo es la forma en que desea embarazarse, y el estado civil que desea guardar antes y después de la concepción.

Este tipo de actos de discriminación en instituciones públicas, en contra de mujeres que buscan servicios de salud reproductiva, ya fue abordado en 2017 por el Conapred, a partir de tres casos identificados en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en donde se negó la atención ginecológica a mujeres derechohabientes, con base en criterios de edad y de estado civil.

Por esos tres casos, destaca el representante del Conapred, se emitió la resolución 8-2017, en la que se determinó que negar los servicios de salud reproductiva, argumentando la edad de las pacientes, así como la imposición del requisito de vivir en pareja, representa un acto de discriminación.

Además de esa resolución, que iba directamente dirigida al ISSSTE, el 25 de julio de 2017 el Conapred hizo público un pronunciamiento “en el que justo se instó a todas las instituciones de salud a realizar las acciones administrativas y normativas necesarias, para modificar los requisitos para acceder a tratamientos, desde una perspectiva de derechos humanos y no discriminación, que garantice a todas las personas acceder a estos servicios, sin que se les limite nada por una condición inherente a ellas, como su estado civil”.

Es decir, concluye Ventura, que “ya hay un antecedente en el que se hizo toda una valoración, y se dejó en claro que estos requisitos no son objetivos ni razonables, y por lo tanto constituyen un acto de discriminación en agravio de estas personas”.

Sin embargo, ese llamado del Conapred dirigido a las instituciones de salud, exigiéndoles eliminar sus criterios de atención discriminatorios, concretamente aquellos basados en el estado civil de las personas, también fue ignorado por el IMSS.

Estadísticas contra prejuicios

Cuando las autoridades de salud imponen como requisito de atención el que las y los derechohabientes estén casados, “lo que se está haciendo, de manera implícita, es formular un juicio de valor respecto de los distintos tipos de familia que puede haber”, explica Alex Alí Méndez, representante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), asociación que desde hace 25 años promueve y defiende el derecho de las personas, particularmente de las mujeres, a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

“Nosotros nos preguntamos: ¿cuál es el fundamento objetivo y razonable de las autoridades para que sólo las personas casadas puedan acceder a servicios de reproducción asistida? Es como si se pusiera en entredicho que las personas solteras puedan darle al recién nacido o nacida los cuidados que requiere”, señala el especialista.

Las estadísticas oficiales en la materia revelan que las mujeres solteras son tan aptas como como lo es un binomio parental, independientemente de su orientación sexual, para formar y encabezar una familia. De hecho, el número de mujeres que están al frente de su familia incrementó 33% en México, entre 1990 y 2005.

Incluso, el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala, en su estudio “Transformaciones y retos que enfrenta la familia en México” que, a partir del año 2000, el aumento en el número de jefas de familia está específicamente relacionado con un incremento en el número de “madres solteras”.

Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 27.8% de las mujeres con hijos en México “ejercen su maternidad sin pareja”, luego de enviudar, divorciarse o separarse. Pero otro 6.5% de este sector de la población corresponde a mujeres que se convirtieron en madres sin volverse esposas de nadie.

Lo que las estadísticas oficiales revelan, por el contrario, es que las desventajas reales que enfrentan las mujeres solteras para ejercer su maternidad no tienen que ver con sus capacidades para encabezar una familia, sino con las condiciones de desigualdad “tanto económica como social”, que México, como pueblo, les impone.

Según el INEGI, las “madres ocupadas”, es decir, aquellas que trabajan para aportar o, de plano, para sostener enteramente a su familia, tienen jornadas laborales de más de 40 horas a la semana (es decir, trabajan más de lo que la ley señala), pero ganan menos que los hombres o que las mujeres sin hijos.

La soltería, pues, no obsta para que una mujer pueda ejercer la maternidad en plenitud. El obstáculo verdadero es la sanción social que enfrentan aquellas que deciden ser madres solteras, y la negativa de atención en salud reproductiva es un claro ejemplo del arraigo que estos prejuicios tienen en el país y sus instituciones.

“Mi pelea –explica S.– no es personal, no es sólo por mí. Este es un tema nacional, estos actos discriminatorios pasan en todo el país, y yo no quiero que le siga sucediendo a más mujeres, porque no es posible que esto esté ocurriendo en México. Yo soy una mujer con estudios, tengo la maestría, y pude asesorarme legalmente, tuve quién me explicara que negarme el servicio por ser soltera no es constitucional, y no puedo imaginarme entonces qué es lo que sucede con las cientos o miles de mujeres que no tienen esa posibilidad de informarse sobre sus derechos”.

Detrás de este tipo de criterios, añadió, “no sólo hay un tema de discriminación. Yo lo veo también como un problema de corrupción del servicio público, de falta de integridad de los servidores públicos: ¿cómo es posible que al frente de un área de ginecología de un centro médico nacional esté una persona que no sólo te niega la atención si eres soltera, sino que se niega a fundamentar sus actos de autoridad y ejerce la fuerza contra quien le pide cumplir su labor?”.

Solo para heteros

Desde la óptica de los derechos humanos, el requisito de matrimonio obligatorio para acceder a terapias de salud reproductiva y reproducción asistida, subraya Alex Alí Méndez, del GIRE, no sólo limitan el libre ejercicio de sus derechos a las mujeres solteras, sino a toda persona que no sea heterosexual.

“Una pareja de mujeres –detalla–, no puede solicitar este servicio a las instituciones de salud pública, en principio porque hay muchos estados en donde ni siquiera está regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una pareja de mujeres en Oaxaca, por ejemplo, no podría acceder al servicio de reproducción asistida, ni siquiera si intentara cumplir con la condición actual de estar casadas, por el simple hecho de que en esa entidad no está regulado el acceso al matrimonio para parejas del mismo sexo”.

La imposición del matrimonio civil heterosexual, como condición de atención en el IMSS, ya fue sancionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en noviembre del año pasado, a través de su recomendación 053/2017, dirigida al entonces titular de la dependencia, Mikel Arriola, (actual candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México), luego de negarse a otorgar pensión por viudez a personas homosexuales cuyas parejas, con las que habían vivido en concubinato, fallecieron.

A una de esas personas afectadas por este criterio, de hecho, literalmente se le informó que “el Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente está en posibilidades de dar trámite y regular las solicitudes de prestaciones económicas relacionadas con personas del mismo género, unidas por matrimonio civil”.

Luego de estudiar tres denuncias similares, la CNDH concluyó que ese criterio del IMSS, que excluye de la atención a parejas distintas a las heterosexuales, “perpetúa la noción de que son menos merecedoras de reconocimiento”, lo que “ofende su dignidad como personas y su integridad”, todo lo cual “implica una discriminación por razones de preferencia sexual y estado civil”.

En su más reciente informe de seguimiento, emitido en enero de 2018 (un mes después de que Mikel Arriola dejara el IMSS), la CNDH señaló que aún cuando el IMSS había admitido las violaciones a derechos humanos relacionadas con discriminación por preferecial sexual y por estado civil, no existían pruebas de que nada hubiese cambiado.

Ya como candidato, en febrero de 2018, Arriola hizo pública su oposición personal a la existencia de matrimonios civiles entre gente del mismo sexo, y afirmó que, de llegar a la jefatura de gobierno en la capital del país, impulsaría una consulta pública orientada a revocar las leyes que los permiten, ya que, remató, eso promueve el “libertinaje”.

POSTURA DEL IMSS: CARTA INTEGRA

En referencia a la nota publicada el día de hoy con relación a la supuesta negativa de atención en materia de salud reproductiva y reproducción asistida a una mujer por ser soltera, el Hospital de Gineco Obstetricia 3 del CMN La Raza del IMSS rechaza categóricamente que se le niegue el servicio por discriminación y hace las siguientes precisiones:

El 16 de febrero del año en curso, la paciente S. acudió con el Jefe de la División de Ginecología, Dr. Carlos Ramón Jiménez Vieyra, del Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 del CMN La Raza, argumentando negativa de atención médica en los servicios de Ginecología y Biología de la Reproducción de forma intimidatoria y prepotente.

La paciente estaba siendo tratada por hiperplasia endometrial. El 9 de noviembre de 2017, en su consulta de primera vez por el servicio de ginecología, le realizaron una biopsia endometrial y citología cervicovaginal. El estudio patológico reportó endometrio proliferativo anormal con acción estrogénica persistente y la citología fue negativa para lesión intraepitelial o malignidad.

En consulta del 27 de diciembre de 2017, la paciente argumentó sus deseos de saberse fértil o infértil ya que había buscado embarazarse desde hace dos años; comentó haber sido tratada por hemorragia por engrosamiento endometrial con médicos particulares.

Buscó ingresar al Instituto Nacional de Perinatología, sin embargo, su pareja con la que vive desde hace cuatro años, no desea el embarazo por lo que no pudo concluir el protocolo.

Por esa razón, buscó entrevistarse con el Dr. Carlos Ramón Jiménez Vieyra, Jefe de la División de Ginecología, quien le explicó que no era posible ingresarla al servicio de Biología de la Reproducción ya que no se contaba con estudios del varón, lo cual es indispensable para que el proceso esté completo y se avance a la siguiente etapa, además de que dichos estudios serían realizados en su HGZ.

La paciente se molestó porque -según ella- se le estaba negando la atención y exigió con gritos e insultos el servicio, además de intimidar al médico con grabación telefónica y una llamada a su abogado, para que se le realizara una cirugía laparoscópica. El Jefe del servicio le reiteró que su atención se le había proporcionado con los más altos estándares de calidad apegados a los criterios nacionales e internacionales para el estudio de la hemorragia uterina y de la pareja infértil.

Le reiteró que para realizar el estudio laparoscópico era fundamental contar con una espermatobioscopía directa, que previamente se había solicitado por el servicio tratante de Biología de la Reproducción, ya que el factor masculino es causante hasta en un 40%, de la infertilidad y era fundamental para el estudio de pareja. Sin embargo, la paciente se negó a presentar dicho estudio debido a que no quiere que la persona con la que intentará la concepción se entere.

Ante la reiterada explicación médica, la paciente se mostró molesta, intentó golpear al doctor y aventó objetos del escritorio por lo que se solicitó apoyo con el personal de vigilancia para retirarla.

Atentamente

Dra. Rosa Maria Arce Herrera

Directora Titular de la UMAE

 

Fuente e investigación: Animal Político

Fotografía de Cuartoscuro

 

 

La violencia contra las mujeres periodistas en México no disminuye, por el contrario, el ejercicio de la libertad de expresión de las periodistas, registra en estos dos últimos años (2014-2015) los años más violencia contra las periodistas, al presentar un incremento de 70 por ciento en relación a los dos años anteriores, lo que represente, los mayores índices de violencia contra las periodistas en su ejercicio de libertad de expresión desde el año 2010. A la par la violencia feminicida contra las periodistas sigue arrancando la vida de las informadoras ante la ineficacia de las instituciones frente al poder totalitario de gobernadores y agentes del estado

http://www.cimacnoticias.com.mx/sites/default/files/CIMAC_INFORME_FINAL_Web.pdf

 

 
 
 
Kenneth Ledgard Weiss10/02/201619min20610
  • trato diferente por cuestiones de género reflejan que el problema es mucho más complejo que el de prohibir la imagen de un pezón.

En la playa sí, en la plaza no

El revuelo causado por la presencia en el Congreso del bebé de Carolina Bescansa, diputada de Podemos ha vuelto a encender el debate sobre la conciliación de la maternidad y la vida laboral. Ahora, el motivo esgrimido por la diputada (el amamantamiento) pone en liza, aunque de manera más discreta, el hecho de qué sucede cuando este se produce en público, cosa que también se le reprochó alegando que buscaba atención mediática.

 

Sin embargo, resulta que el topless sigue siendo normal en las playas españolas y lo ha sido en distintos momentos y lugares de la historia reciente sin que haya supuesto la degradación moral de las sociedades ni la depravación sexual de su población.

La oposición de una función biológica y su significado cultural (la manera en que es concebida y construida socialmente) nos da una idea de la amplia diversidad de prácticas, morales e ideologías que nos llevan al dilema de si es la norma la que hace la práctica, o la práctica la que hace la norma. Esto nos muestra a su vez lo relativo de los discursos morales y su pertenencia a grupos socioeconómicos determinados, un tema aparte.

Pero por mucho que se hable de la igualdad de género o se impongan leyes de paridad representativa en la política, situaciones de lo más cotidianas siguen suponiendo lastres morales e incluso legales, como si la biología fuese un castigo divino, o como si algunas partes del cuerpo sólo pudieran ser públicas cuando son comercializables.

Sin ir muy lejos, Facebook e Instagram prohibieron la publicación de imágenes de pechos femeninos, cosa que ha provocado una reacción social de difícil contención como son Second Skin o FreeTheNipple, que denuncian el doble rasero con el que se concibe el cuerpo humano cuando el torso del hombre no está sujeto a prohibiciones, y el de la mujer, nuevamente, sí.

Los llamados procesos de normalización son lentos y complejos y se mueven en lo que el antropólogo estadounidense Jonathan Elmer llama un “exciting conflict” por las transgresiones morales a que somete al sujeto y los replanteamientos que estas le introducen. Morbo contra culpa.

La ‘inmoralidad’ de que las mujeres muestren los pechos es sólo uno más de los reflejos de lo que Pierre Bourdieu llamó La dominación masculina (1998), una condición permanente que se autorreproduce a través de las estructuras mentales (hábitos y valores morales) y que hace sostenible la división del trabajo social y, en definitiva, el sistema económico.

Y la relación entre la moral y la ideología cuenta con grandes títulos como La ética protestante y el espíritu del capitalismo (Max Weber), obras como la Teoría de los sentimientos morales de Adam Smith , y grandes aportes como los de Michel FoucaultRichard Sennett o Anthony Giddens entre muchos otros.

Las buenas costumbres y la moral, como el poder, requieren ser reconocidas socialmente para volverse costumbres, y suele ocurrir que de las costumbres, buenas y malas, nacen distinciones sociales visibles desde un plano más general, y peligrosamente amplificables a través de los medios de comunicación.

La anormalización del cuerpo

Además de un arma poderosa en la sociedad hipersexual, la función universal de los pechos ha sido el amamantamiento más que el cortejo o la atracción, y también ha sido objeto de debate por ser prohibido en público y suponer una reclusión forzosa de la mujer. Y si a eso se le añade el problema de la conciliación del trabajo y la maternidad, y la existencia de un mercado de sucedáneos de leche materna, la ecuación se vuelve más interesante.

 

 

Para ilustrar este problema, tomemos como ejemplo el estudio publicado en 1997 por los antropólogos Sushila Zeitlin y Rabeya Rowshan. Esta investigación analizaba el caso de las madres de Bangladesh que destetaban a sus hijos en base a la creencia de una insuficiencia de leche materna, mientras que ésta venía causada en realidad por una precipitada sustitución de la misma por sucedáneos, promovida al mismo tiempo por laboratorios y medios de comunicación.

Se observó un refuerzo mutuo entre los discursos médico-científico y el religioso, cuando el primero, probablemente impulsado por el mercado, parecía más preocupado por el rol laboral de la mujer, y el segundo no sólo responsabilizaba a las mujeres del problema, sino que generaba la reacción normal en el cuerpo de las madres, que es que si los bebés no maman, disminuye la producción de leche materna. Aquí conviene considerar que los sucedáneos de leche materna, en polvo contienen nutrientes que no sólo interrumpen el vínculo consanguíneo del amamantamiento, sino que adelantan un cambio definitivo e irreversible tanto en la alimentación de los niños como en la relación madre / hijo.

En consecuencia, durante los años siguientes se incrementó la entrada de la mujer en el mercado laboral, reduciendo los costes laborales (más trabajadores y más baratos), pero además normalizando una situación que promueve roles de género importados en nombre del mercado.

La publicidad juega aquí un papel crucial, pues, como concluye Erving Goffman en su libro Gender Advertisements, expresa la microrritualización de comportamientos que retratan una concepción ideal de los sexos y de la relación entre ellos.

La sociedad hipersexualizada nos deja paradojas y contradicciones flagrantes: por un lado hace que las niñas se vistan como adultas y las mujeres trabajen cada día su juventud, que usen sujetador, cuiden su escote con coquetería, se hagan estirar músculos e implantar silicona bajo los pechos para luego, por ley o por vergüenza, tenerlos que esconder reduciendo su visibilización a un prisma únicamente erótico, y sometiéndolos a la censura cuando se alejan de este, de manera que vemos el primer plano de un cadáver tiroteado con más libertad y menos pudor que un pezón.

 


A saber: que lo importante no es el objeto, sino en el uso comercial que se puede hacer de él.

Si ellas son excluidas de la política, remitidas al mundo privado, es con la finalidad de que puedan ser instrumentos de política, medios para asegurar la reproducción del capital social y del capital simbólico.”

Pierre Bourdieu.

Propaganda por el hecho

Si planteamos el problema desde otro ángulo, situando al cuerpo como instrumento último de protesta en lugar de como objeto de represión, diversos ejemplos nos demuestran que las reacciones al sexismo estructural no son algo tan nuevo.

Entre los confinamientos simbólicos y voluntarios de las Muradas y las sonoras irrupciones de las Femen, el relativo empoderamiento de la mujer debe ser analizado con mucha delicadeza si se quiere respetar las particularidades culturales e históricas, y siempre considerando el espacio de acción posible.

Por ejemplo, las Femen, movimiento nacido en Ucrania y rápidamente extendido en Europa, usan la máxima anarquista de la propaganda por el hecho, y toman la desnudez como una herramienta con la que reclamar una libertad social y sexual en el mundo, poniendo de manifiesto que la prohibición y la represión no hacen sino demostrar el terror de que la mujer se reapropie de su cuerpo en un mundo masculino.

Se muestran, sobre todo, blasfemas y sacrílegas, irreverentes con los símbolos y las instituciones dominantes, y con consignas como “Poor because of you” (Pobres por tu culpa), “Fuck Church / God” (Que le den a la Iglesia/a Dios) “Nudity is freedom” (El desnudo es libertad) o “Fuck your morals” (Que le den a tu moral) buscan visibilizar el lugar y el espacio exactos en los que lo institucional se apodera del cuerpo y de su uso, generando las desigualdades sociales y de género contra las que se rebelan.

 

El éxito mediático de las Femen está relacionado al sensacionalismo de los medios que ejercen un rol más bien destinado a captar audiencia y escandalizar mediante la imagen, que a informar y facilitar la comprensión de los factores culturales que diferencian a las sociedades, como también señalara Mona Chollet en uno de sus artículos de Le Monde Diplomatique (Marzo, 2013).

No obstante, para hacernos una idea de los peligros asociados a forzar la visibilización de un debate que no es menos complejo por ser más justo, podemos ver el caso de Aliaa Elmahdy, una joven egipcia que publicó su foto desnuda como protesta por las exigencias patriarcales de su familia. Lo que para Aalia era una denuncia sobre la opresión moral, para las Femen pasó a ser ser un objetivo político no exento de polémica, ya que ante la proclama de Muslim women let’s get naked (Mujeres musulmanas, desnudémonos) arengada en 2012 ante la Tour Eiffel hubo una fuerte respuesta de las feministas musulmanas negando que las Femen las representasen, y equiparando la libertad de llevar el velo a la de desnudarse en lugares sagrados.

La lucha sigue abierta y aunque Aliaa y las Femen hayan firmado la paz, ya no hay vuelta atrás. Por ello, el asunto de las Femen debe ser visto desde la insurrección política, como una manifestación visible de la misma defensa al uso del propio cuerpo, cosa que en ningún caso omite las sospechas y contradicciones que rodean al colectivo. Por ejemplo, que entre las consignas del grupo se encuentre la de “Women are not merchandise” (Las mujeres no somos mercancía), flagrantemente opuesta a la parte visible de un movimiento cuyas acciones suelen ser protagonizadas por mujeres que se ajustan con curiosa exactitud a los cánones de belleza contra los que dice luchar.

Al poner en cuestión qué es la mujer en las sociedades magrebíes desde la óptica ucraniana, las estructuras sociales, parentales, económicas y políticas se ven expuestas al mismo conflicto descrito más arriba, es decir, el que se da en el espacio que queda entre la práctica y su institucionalización (la transgresión y la culpa), y concretamente entre la desnudez como símbolo de liberación, el pudor y la expropiación de lo que es la mujer en el mundo árabe.

Vista la reacción policial en sus acciones, parece evidente que las Femen atacan donde hacen daño, y al desnudarse desnudan una desigualdad profundamente arraigada,aunque cayendo en el peligro de apropiarse de protestas culturalmente delimitadas, y, sobre todo, de cometer los mismos errores que las olas feministas anteriores: la exclusión de otros grupos y minorías.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

Deben esforzarse el doble que las que militan en partidos

 


CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/04/2018
Si para una militante de un partido político es complicado participar activamente en los procesos electorales, para quien quiere hacerlo sin el respaldo de uno es doblemente difícil porque para tener posibilidades reales de obtener la postulación debe contar con una amplia red de apoyo, e incluso con experiencia previa en cabildeo, campañas y movimiento territorial.

A esta realidad se enfrentan las mexicanas que decidieron incursionar en estos comicios por la vía independiente, un mecanismo de participación legislado en 2012 y reglamentado en 2014 para que las personas tuvieran la posibilidad de postularse a un cargo de elección sin necesidad de pertenecer a un partido político.

En el actual proceso electoral, las mujeres ocupan 32 por ciento de las candidaturas independientes. De las 52 personas que aprovecharon esta vía sin el aval partidista y buscar un cargo a nivel federal, 17 son mujeres: una compite por la Presidencia de la República, 9 por una diputación federal y 7 por una senaduría.

DESVENTAJAS

El Instituto Nacional Electoral indicó que nueve mujeres de 5 estados de la República buscan una diputación federal por la vía independiente frente a 28 hombres; 7 mujeres y 7 varones buscan una senaduría a través de este mecanismo.

Entre las razones por las que las mujeres aún no participan tanto como independientes son los obstáculos, como no tener redes de personas aliadas ni los recursos económicos que eso supone, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, la consultora en participación política de las mujeres, Teresa Hevia Rocha.

La integrante de la Red Mujeres en Plural, sostiene que todavía persiste una lógica masculina de que los varones se merecen el poder porque saben cómo obtenerlo y qué hacer cuando llegan al cargo mientras que las mujeres llevan años de desfase porque en la práctica sus derechos políticos les han sido negados aún cuando formalmente están legislados.

En 1953, explicó la analista, se consiguió el derecho de las mujeres a votar pero por 40 años quedó rezagado el derecho a ser votada y aunque desde 2014 se legisló la paridad como principio constitucional, la realidad es que los partidos las siguen postulando por sus alianzas políticas y no por sus futuros aportes al trabajo parlamentario o de gobierno.

Expuso que aún con todos los avances legislativos persiste la marginación en los espacios políticos y por tanto ellas no se conciben de manera natural ni con confianza en estos puestos. Todavía hay inseguridad y temor de pensar que necesitan una estructura para tener una candidatura independiente, comentó.

Por ley, quien desee ser candidata independiente debe crear una asociación civil con una cuenta bancaria; tener un representante legal y un encargado de la administración de los recursos financieros y reunir una cantidad específica de apoyos ciudadanos para lo que necesitaría de un equipo encargado de hacer esa recolección de firmas.

Hevia Rocha señaló que en medio de toda la complejidad que supone una aspiración independiente, ellas también disponen de menores recursos económicos y deben dedicar tiempo a la planeación, el registro y un proceso de prácticamente la precampaña electoral.

ATRACCIÓN POR INDEPENDIENTES

Beatriz Córdova Bernal y María Antonieta Pérez Reyes, de Chihuahua; Iris Paola Gómez de La Cruz, de Guerrero; Luisa María Calderón Hinojosa, de Michoacán; Daniela González Rodríguez, Olga Valentina Treviño Hinojosa y Yamilett Orduña Saide, de Nuevo León; y María Graciela Parra López y Nora Vanessa Estrada Calles, de Tabasco, buscan una diputación federal.

Aunque se dicen independientes, para lograr su candidatura acumularon experiencia dentro de un partido, algunas lo abandonaron para continuar solas y otras decidieron salir cuando encontraron obstáculos que les impidieron ascender en su carrera política.

De la lista destacan Luisa María Calderón Hinojosa, exlegisladora local en Michoacán, diputada federal, dos veces candidata a la gubernatura de su estado y senadora desde 2012, cargos que consiguió abanderada por el Partido Acción Nacional.

Beatriz Córdova Bernal exdiputada federal en la 62 Legislatura respaldada por el partido Movimiento Ciudadano del que fue consejera y en el cual militó desde su fundación cuando nació como Convergencia. También fue representante sindical en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de 2009 a 2012.

Antonieta Pérez Reyes fue diputada federal durante la 61 Legislatura por el PAN y Yamilett Orduña Saide, ocupó cargos públicos como titular del Seguro Popular del estado y presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, durante la administración del primer gobernador electo por la vía independiente, Jaime Rodríguez, “el Bronco”.

De acuerdo con la legislación mexicana para obtener una candidatura independiente al senado se debe registrar una lista por entidad federativa con dos fórmulas de candidatos, las cuales, deben ser paritarias, y alternadas, es decir, hombre y mujer.

En estas elecciones se registraron 7 listas de las cuales solo en una, la primera fórmula es encabezada por una mujer, la de la ex perredista Soledad Romero Espinal. En el resto, las mujeres ocupan la segunda fórmula, por tanto llegarán a la Cámara alta sólo si los varones de la primera fórmula ganan la elección.

Ellas son Jesús Guadalupe Ojeda Alvarado que va en segundo lugar de la lista con Lorenzo Ricardo García de León Coria; Karolyn Corzo Ornelas que va con el exgobernador chiapaneco, Pablo Abner Salazar Mendiguchia; Juana Adelfa Delgado Quintana con el exdiputado local independiente, José Pedro Kumamoto Aguilar; Mónica Gricelda Garza Candia con Raúl González Rodríguez; María Guadalupe Saldaña García con el exdiputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo y Vianey Gómez Morales con Obed Javier Cruz Pérez.

Considerando que muchas de ellas tienen experiencia previa en partidos políticos, Hevia Rocha destacó que quienes han sido relegadas de sus partidos decidieron separarse de éstos y se lanzaron como independientes porque con ellos ya no tenían ninguna oportunidad de seguir avanzando.

Cuando ellas quedan a un lado pero ya tienen experiencia y una base de votantes pueden hacerlo, como lo hizo Luisa María Calderón Hinojosa quien actualmente ocupa una senaduría y que proviene de una familia inmersa en la política.

Para ellas, mujeres con experiencia y ambición política, enfatizó la consultora, las candidaturas independientes sí son una opción pero al parecer, no para quienes no han militado en un partido político.

18/AGM/LGL

 

 

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